Durante dos semanas, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal más importante del mundo, escuchó a 98 estados y a 12 organizaciones internacionales presentar argumentos sobre el cambio climático y el rol que los estados deberán asumir para contrarrestar sus efectos.
Se trata de un juicio histórico no solo porque se abordó el cambio climático sino también porque se trata de una medida impulsada por los Pequeños Estados Insulares (PEID), que son los más afectados por las consecuencias de este fenómeno. Muchos de estos problemas provienen de las actividades que realizan las grandes potencias, que también estarán representadas ante la corte.
Cuál es la importancia del juicio por el cambio climático
Apenas unos días antes del inicio del juicio, durante la COP 29, el evento climático organizado por Naciones Unidas, los países más desarrollados acordaron destinar 300 mil millones de dólares a financiar la lucha contra el calentamiento global desde el 2025 hasta el 2035, con la finalidad de ayudar a los más pobres, que son los más vulnerados por este fenómeno.
Una de las principales razones por las que las potencias acordaron esta cifra, más allá de que las consecuencias del cambio climático también los afectan, es que son los principales responsables de este problema, ya que sus industrias son las que más contaminan a nivel global. Y los países en desarrollo consideran que la cifra pactada era insuficiente.
Una semana después comenzaron los primeros testimonios frente a la Corte Internacional, en las que los países más vulnerables explicaron los problemas que el cambio climático genera en sus vidas. Uno de los testimonios, el del representante de Vanuatu, que es uno de los estados más vulnerables a la subida del nivel del mar, detalló que el fracaso en la COP 29 puede costarles su cultura y hasta sus vidas.
Qué se pretende obtener en el juicio en La Haya
Es por esta razón que desde los países en desarrollo buscarán que los jueces establezcan un marco más sólido en el que las potencias deban rendir cuenta por sus acciones. Además, también se pretenden obligaciones jurídicas internacionales.
De acuerdo a lo expresado por representantes del PEID, esperan recibir una base para la rendición de cuentas pero también para la reparación de las comunidades que ya sufren las consecuencias del cambio climático. De esta manera, no pretenden solo compromisos futuros sino que se garantice justicia para los que ya son perjudicados por el calentamiento global.
Cabe destacar que, más allá de lo que decidan los jueces, se tratará de un consejo no vinculante en el que las naciones más ricas no estarán obligadas a actuar para ayudar a los estados más vulnerables. De todas formas, podrá ser usado para otras instancias legales, especialmente demandas nacionales, además de ser un símbolo de gran potencia internacional.
En base a este panorama, 15 jueces de todo el mundo deberán responder dos preguntas. Por un lado, qué están obligados a hacer los países para proteger el clima y el medioambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Por el otro, cuáles son las consecuencias jurídicas para los gobiernos cuando sus actos, o su falta de acción, perjudicaron de manera significativa el clima y el medioambiente.
